Libre Comercio y La Política Ambiental en México

Por David Barkin, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

Los dirigentes mexicanos fueron los primeros latinoamericanos en acogerse al proyecto estadounidense para forjar un "área de Libre Comercio de las Américas." Desde hace un decenio estas autoridades lograron un éxito considerable en conformar un nuevo entorno político—en el que se están dando cambios institucionales sin precedente. Asimismo, y como parte del mismo proceso, los grupos ambientalistas internacionales con mayor influencia en los países industrializados y en las organizaciones internacionales han logrado colocar sus preocupaciones principales en la agenda política mexicana. Por otra parte, el acuerdo paralelo del TLC en materia ambiental, con sus nuevos organismos consultivos—instituciones que el gobierno mexicano se vio "obligado" a aceptar a cambio de recibir la aprobación para el Tratado de Libre Comercio—representa un mecanismo de vigilancia internacional, algo antes impensable en México. Lo anterior pone un nuevo conjunto de herramientas en manos de los ambientalistas mexicanos que exigen el cumplimiento efectivo de la legislación nacional.

Sin embargo, pese a la nueva consciencia y sensibilidad a la problemática ambiental en México, el tremendo aumento de los flujos financieros internacionales de índole especulativa, el incremento repentino en las inversiones extranjeras directas y el volumen de actividad comercial provocado por el TLC han provocado un daño ambiental considerable. La confianza oficial de que el crecimiento económico es la mejor solución a los problemas ambientales, de acuerdo con la ortodoxía económica, no sólo no se confirma sino que probablemente resulta errónea, al menos en México en el corto plazo.

Las Secuelas de la Integración Económica

El ingreso de México al GATT, por un lado, y la firma del TLC, por el otro, se han traducido en cambios trascendentales que han desatado un nuevo período de actividades de libre mercado. Esto ha polarizado de manera importante a la sociedad mexicana y ha reordenado la distribución geográfica de las actividades económicas, al tiempo que se han generado presiones cada vez más fuertes en los ecosistemas frágiles y exigencias insostenibles sobre los recursos de la tierra y el agua en todo el país. Por si no fuera suficiente la propagación acelerada pero problemática de las plantas maquiladoras a lo largo de la frontera y de otras inversiones en la zona semi árida del norte para agudizar el daño ambiental, los encargados de formular las políticas en México han intensificado las embestidas contra los campesinos en sus regiones tradicionales de temporal, usando subsidios para los agricultores más ricos del país para lograr la transferencia del cultivo del maíz a las zonas de riego.

En efecto, uno de los cambios más significativos de la temeraria entrada de México a la economía global ha sido un sensible empeoramiento de las condiciones materiales de vida entre los trabajadores y campesinos del país. Al desmantelarse repentinamente el complejo sistema de apoyos que durante tanto tiempo había determinado su forma de vida y sus modelos de actividad económica, los obreros y campesinos se encontraron, por un lado, sin fuente de ingresos y, por el otro, muchas veces desarraigados. Mucha gente se vio obligada a migrar, con lo que se redujo an más su calidad de vida, pues las familias se separaban y grandes segmentos de la población nacional se dedicaron a actividades más marginales, lo que afectó de manera pronunciada al medio ambiente.

En otros sectores, el resultado secundario de estas "repercusiones de ajuste" fue una falta de recursos humanos, materiales y financieros. Las empresas y el gobierno se vieron obligados a escatimar sus esfuerzos en la gestión del ambiente o sencillamente a posponer el mantenimiento y la inversión de capital para mejoras, como la infraestructura ambiental para reducir la generación de desperdicios tóxicos y para el control de emisiones contaminantes.

Además, aunque el ingreso de México al mercado global haya ayudado a fomentar un discurso sofisticado respecto a la protección ambiental, persisten muchos problemas dentro de la estructura institucional del país que impiden la implementación del avanzado paquete regulatorio. Lo que es aún más grave es la considerable resistencia de la burocracia a los esfuerzos de los grupos de base y de las ONG, que tienen una función intermediaria y abogan por políticas sociales y ambientales más responsables.

Políticas Nuevas, Actitudes Añejas

Pese a la creación de una nueva secretaría para la supervisión de los esfuerzos de protección ambiental, lo que ha incorporado a muchos de los profesionistas más informados del país a las áreas de gestión de los recursos naturales y de la regulación ambiental, el conflicto entre los objetivos con frecuencia contrapuestos de crecimiento económico y regulación más estricta casi siempre se ha resuelto a favor del primero. El personal encargado de aplicar las regulaciones no sólo sigue siendo insuficiente y recibe salarios exiguos, sino que muchas veces está demasiado mal informado para implementar medidas efectivas.

La primera reacción de los funcionarios de alto nivel ante los problemas ambientales es, inevitablemente, negar su existencia y después resistirse a los intentos de investigación por terceros. Los casos notables de la construcción de un muelle para cruceros en la isla de Cozumel y la muerte masiva de aves migratorias en Guanajuato debido a los desperdicios industriales, ambos presentados a la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) del TLC, son sólo dos ejemplos del desmentido oficial de los problemas. En particular, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) se ha opuesto enérgicamente a cualquier esfuerzo por examinar los impactos ambientales y sociales de la integración económica. A menudo ha intervenido de manera directa en las nuevas instituciones trinacionales para intentar bloquear sus esfuerzos y desprestigiar a los académicos mexicanos que han emprendido las investigaciones.

Por otro lado, cuando el ex director del Instituto Nacional de Ecología (INE) se volvió excesivamente celoso en proteger lo que se percibía como intereses industriales en la esfera ambiental—sobre todo mecanismos que dependían de señales del mercado y de la autorregulación—la comunidad ambientalista de México reaccionó de manera efectiva y obligó a que se le reemplazara. Actualmente es director del Centro del Sector Privado para del Desarrollo Sustentable (CESPEDES) que realiza trabajos de investigación, aboga por soluciones basadas en el mercado y capacita a profesionistas para que formulan y refuerzan las políticas corporativas para alcanzar el "desarrollo sustentable."

Este conflicto es agravado por la renuencia e incapacidad de los gobiernos locales para cobrar impuestos y derechos de uso con los que se podrían financiar las mejoras de infraestructura necesarias para atender los riesgos ambientales. La insuficiencia del financiamiento federal y un mercado crediticio restringido dificultan aún más los avances en este ámbito.

La Industrialización de la Zona Fronteriza

Es probable que en el norte de México el desarrollo industrial ya haya rebasado la capacidad de carga (física) de la región. Lo que es aún más preocupante, sin embargo, es la aparente falta de consciencia acerca de la apremiante necesidad de un programa de gestión del crecimiento. Algunas personas creen que los flujos cada vez mayores de inversión extranjera directa a la región están coadyuvando a hacer frente a estos problemas. Sin embargo, las maquiladoras aportan casi nada a los ingresos de los gobiernos locales y la mayoría de los programas de infraestructura dependen del financiamiento del gobierno federal o de EE.UU. La base impositiva local es insuficiente y es reducida aún más por la evasión de impuestos. Los gobiernos locales (de ambos lados de la frontera) siguen estando poco preparados para responder a los desafíos planteados por las tasas de crecimiento en rápido ascenso.

El complejo de maquiladoras es un grupo heterogéneo de empresas que no se pueden caracterizar fácilmente como más o menos responsables o maduras en cuestiones ambientales que los demás segmentos de la industria mexicana. Pero, aún en el supuesto de que las compañías de la región estuvieran atendiendo de manera responsable sus obligaciones ambientales, es obvio que no se está asumiendo de lleno el desafío presentado por el rápido crecimiento de la producción regiónal. Mientras ésto no cambie, los crecientes flujos comerciales producidos por la liberalización comercial, la mayor producción y una población urbana más grande continuarán imponiendo demandas destructivas y quizá infligirán un daño irreversible al ambiente.

Algunos observadores han sostenido que la implementación del TLC ayudaría a hacer frente a muchos de los problemas que han surgido dentro del sector de las maquiladoras. Empero, si bien la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), que fue creada por el TLC, representa una oportunidad para que los grupos comunitarios ventilen sus quejas, los recursos disponibles para enfrentar los problemas son minúsculos en comparación con el trabajo requerido. Y el Banco de Desarrollo de América del Norte (Bandan), asociado con la COCEF, ha sido blanco de una crítica generalizada por la modorra con la que ha iniciado sus operaciones.

Actividades del Sector Privado en Pro del Medio Ambiente

A raíz de los compromisos adoptados mediante la firma del TLC (y de otros acuerdos, como el protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono), las corporaciones más grandes en México están cada vez más conscientes de la necesidad de tomar medidas vigorosas a fin de adelantarse a la intervención directa del gobierno. Con tal finalidad, han creado varias instituciones importantes y han fortalecido otras a fin de presentar una defensa fuerte de sus actividades. Como complemento a los esfuerzos del INE, el Consejo Coordinador Empresarial, de corte elitista, encabezó su propia ofensiva para adelantarse a las exigencias a favor de mayores actividades regulatorias, mediante la creación del CESPEDES. Esta organismo, a su vez, ha alentado la creación de áreas de atención ecológica dentro de las cámaras comerciales e industriales (CONCANACO, CANCAMIN, CANACINTRA), para desviar aún más los esfuerzos oficiales a favor de regular al sector privado.

Hay que reconocer que algunas de estas actividades representan un avance significativo en relación con lo que ocurría antes. Sin embargo, en última instancia también adolecen de graves deficiencias. Únicamente un pequeño segmento de la industria participa directamente en la modificación de los procesos productivos de una manera que realmente disminuya el impacto de las actividades industriales. Entre las principales limitaciones que experimenta la industria cuando incorpora nuevas tecnologías en sus plantas está la extrema dificultad para obtener créditos para su modernización. Aun cuando dichas innovaciones son redituables, la ausencia de una cultura de colaboración entre directivos y trabajadores es agravada por el temor a que los empleados mejor capacitados sean "plagiados" por los competidores, en un mercado laboral caracterizado por una superabundancia de trabajadores mal capacitados y mal pagados y una escasez de trabajadores "de calidad". Y, lo que es igualmente grave, los cambios que vienen siendo implementados en aras de la ecoeficiencia están abocados a esfuerzos "al final del tubo", es decir, en el punto de descarga, o sea a favor de reducir los desperdicios tóxicos y las emisiones y reciclar los productos de desecho, en lugar de rediseñar los procesos de producción en sí para una verdadera producción limpia. Se podría equiparar este método con el intento de reducir la contaminación del aire urbano mediante el requisito de instalar convertidores catalíticos en los automóviles, en lugar de rediseñar el sistema de transporte urbano.

Conclusiones

El modelo de desarrollo económico que sigue actualmente México se basa en salarios bajos, una alta tasa de urbanización y la producción de bienes exportables. No contribuye a atender el problema subyacente del constante deterioro en la calidad de vida. Tampoco es congruente con los preceptos de sustentabilidad aceptados. No obstante, se han visto algunos cambios positivos en años recientes, conforme se ha acentuado el discurso sobre la problemática ambiental en el mundo. Por ejemplo, la CCA se ha vuelto efectiva en la orientación más constructiva de las discusiones sobre las responsabilidades respectivas de la industria privada y de los gobiernos.

Aunque es prematuro emitir un juicio definitivo sobre su eficacia, la CCA forma parte de un proceso cada vez más amplio de inclusión de consideraciones ambientales en la formulación de políticas en México. Asimismo, las ONG dedicadas a cuestiones ambientales están teniendo un éxito creciente en hacerse escuchar, algunas veces obviando a las autoridades locales y haciendo llamados directamente a organizaciones internacionales, donde, irónicamente, muchas veces pueden encontrar interlocutores más receptivos. En México, estos cambios se han vuelto especialmente importantes para la intensificación de las presiones a favor de una consideración más cabal de las consecuencias ambientales de las políticas económicas y comerciales. Empero, en última instancia, los dirigentes políticos de México siguen convencidos de que el crecimiento económico es primordial y que un mercado exento de restricciones debe ser el instrumento principal de la imposición de la responsabilidad ambiental—lo cual es un panorama desolador en una sociedad altamente polarizada, donde las personas y los recursos siguen significativamente devaluados.

Índice borderlines 60     |     borderlines Homepage     |     IRC Homepage

Favor de mandar sugerencias, preguntas, información de recursos nuevos a borderlines@irc-online.org.